COMUNICADO de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes - Secretaría de Extensión Universitaria - Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

Desde este espacio, repudiamos de manera absoluta los dichos vertidos por el Sr. Eduardo Samamé, ex procurador fiscal de la Provincia del Chubut y actual empresario vinculado a litigios judiciales referido a posesiones territoriales que involucran a pueblos originarios.

En declaraciones periodísticas, el Sr. Samamé se ha referido de manera ofensiva, violenta y descalificando a la Dra. Sonia Ivanoff, Coordinadora de éste espacio y que se encuentra representando legalmente a Isabel Catriman, Gloria Colihueque y Gregorio Cayulef, quienes fueron denunciados por el grupo empresario en el cual se referencia el Sr. Samamé. Esta persona acusó a Gloria Colihueque de ser “ una persona violenta y sin escrúpulos asistida por una ignorante del derecho que es Sonia Ivanoff ”.

Asimismo, en declaraciones televisivas, Samamé se refiere a los reclamos de los pueblos originarios como un “ nacionalismo étnico ” y que ello “conduciría a un genocidio, como paso en Ruanda y en los Balcanes” Afirmando que “ el nacionalismo étnico cuando es minoría, es víctima y cuando es mayoría, es genocidio”.

Estas afirmaciones, de una gravedad extrema por tanto intentan calificar como “ genocidas ” las reivindicaciones territoriales, no hace otra cosa que evidenciar su ignorancia histórica, no solo de lo ocurrido en estos territorios, sino también de los hechos históricos que menciona. A veces, como en este caso, la soberbia de la impunidad conduce al lamentable espectáculo público de hacer gala de la ignorancia.

Organizaciones de DDHH,  mujeres y disidencias reclaman ante los organismos de la Justicia de Chubut

Solicitan la  creación de un Registro Público de Magistrados/as denunciados/as por situaciones vinculadas a violencia por motivos de género.

También se presento ante el Procurador General de la provincia y al Defensor General para que lo implementen en el ámbito de cada ministerio público.

 La Cátedra de Genero, Sexualidades y Derechos Humanos de la Universidad Nacional San Juan Bosco sede de Puerto Madryn,  y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres CLADEM presentaron  una propuesta ,  de creación del Registro Público de Magistrados/as denunciados/as por situaciones vinculadas a violencia por motivos de genero . La presentación fue en principio al Consejo de la Magistratura y  Superior Tribunal de la de la Provincia del Chubut, ambos con facultades disciplinarias  respecto magistrados y magistradas.

Las organizaciones piden la creación de un registro,  en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación  cumpliendo con las obligaciones constitucionales y específicamente con lo establecido en el Acuerdo de Solución Amistosa denominado Comunicación CEDAW N° 127/2018 “Olga del Rosario Díaz” en el sentido de adoptar mecanismos públicos de registración de denuncias contra los magistrados y magistradas en el ámbito federal y en cada una de las jurisdicciones.

Exponen que “ante el crecimiento de las cifras de femicidios y las reiteradas denuncias por la nula o deficiente actuación del Poder Judicial, y considerando también el Registro de Magistradas y Magistrados tiene por objetivo monitorear los casos de deficiencias en la actuación de causas de violencias por motivos de género, la aprobación de la creación del Registro en el marco del Consejo de la Magistratura de la provincia del Chubut permitirá que un cuerpo de auditores/as del Consejo realice una investigación y una auditoria del trámite de las causas sobre violencia de género en el ámbito de la justicia provincial”.

Con los mismos fundamentos las organizaciones presentaron la misma propuesta en el ámbito del Ministerio Publico Fiscal de la provincia y del Ministerio de la Defensa Publica  teniendo en cuenta las facultades disciplinarias respecto de los fiscales, defensores/as y funcionarios y  funcionarias de ambos ministerios públicos respectivamente. De aprobarse estos registros también se podrá denunciar a quienes incumplen  los compromisos internacionales en relación al estándar de debida diligencia que debe imperar en las investigaciones y procedimientos judiciales  en situaciones de violencias por motivos de género.